Gracias por contactarnos. Por favor complete este formulario y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted pronto.El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha declarado recientemente que las órdenes ejecutivas del Presidente Obama que impedían la deportación de numerosos inmigrantes ilegales siguen sin entrar en vigor. Aunque todavía no se ha dictado sentencia sobre si los cambios en la política de inmigración son constitucionales o no, la suspensión de su aplicación es una señal de que es probable que el tribunal federal considere que las políticas son ilegales. La medida cautelar en vigor ha impedido que el Gobierno Federal aplique dos nuevas políticas propuestas que concederían la acción diferida y permisos de trabajo a inmigrantes actualmente no autorizados. Uno de ellos habría aceptado solicitudes de personas mayores de 30 años que se trasladaron a Estados Unidos cuando eran niños o adolescentes. La otra habría aceptado solicitudes de acción diferida de inmigrantes no autorizados cuyos hijos fueran residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.
Con esta última sentencia, el Quinto Circuito confirma la decisión adoptada en febrero por un juez del Tribunal de Distrito de Texas. Veintiséis estados, entre ellos Texas, demandaron al Gobierno Federal ante ese Tribunal de Distrito de Estados Unidos para impedir que se promulgaran los cambios propuestos por la Administración Obama en la política de inmigración. Estos estados argumentan que soportan la carga de la inmigración ilegal al tener que pagar la escolarización pública de los niños indocumentados, así como la atención sanitaria de urgencia para los inmigrantes no autorizados a los que no se permite obtener pólizas de seguro médico a través del intercambio de Obamacare.
Estos estados también argumentan que la carga que soportan aumentará con la aplicación de estas nuevas políticas, ya que más inmigrantes entrarán ilegalmente en EE.UU. sabiendo que podrán convertirse en inmigrantes legales en el futuro. En cambio, 13 estados (con un número colectivo aún mayor de residentes inmigrantes no autorizados y, por tanto, que soportan una «carga» mayor) presentaron escritos en apoyo de las modificaciones de la ley introducidas por la Administración Obama.
La razón aducida por el tribunal para considerar problemáticas las nuevas políticas y suspenderlas es que la Administración Obama no cumplió el periodo de «notificación y comentario» necesario para aplicar una nueva normativa federal. Normalmente, cuando el Gobierno Federal introduce cambios en las secciones del código y los reglamentos, debe notificarlo con cierta antelación en el Registro Federal oficial y dar tiempo al público para que comente el cambio propuesto. Algunos expertos sugieren que, si la Administración Obama iniciara el proceso de aprobación de las órdenes ejecutivas y comenzara el periodo oficial de notificación y comentarios, el tribunal ya no tendría base para considerar ilegales los cambios propuestos y se vería obligado a poner fin a la suspensión. El juez del Tribunal de Distrito aplicó la suspensión de los cambios de política mientras se forma su decisión sobre la legalidad de las acciones de la Administración Obama, bajo la teoría de que, si es ilegal, la aplicación de las políticas revisadas podría causar daños irreparables.
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