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Gracias por contactarnos. Por favor complete este formulario y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted pronto.El 20 de noviembre, el presidente Obama amplió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y también creó un nuevo programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) a través de una serie de órdenes ejecutivas. Estos cambios podrían suponer un alivio para casi cinco millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en el país, permitiéndoles salir de las sombras y ponerse a trabajar sin miedo a ser deportados.
Sin embargo, estas órdenes ejecutivas no han quedado impunes. Ya ha habido demandas que cuestionan la autoridad constitucional del Presidente para hacer lo que hizo. Una de esas demandas fue interpuesta por el sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, un abierto pararrayos en el debate nacional sobre la inmigración ilegal y la reforma de la inmigración. El 23 de diciembrerdel juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, sosteniendo que las cuestiones planteadas por el sheriff Arpaio «equivalen a quejas generalizadas», pero que el sheriff no presentó una controversia real que fuera apropiada para resolución judicial. El sheriff había argumentado que las políticas de Obama aumentarían la delincuencia y la tasa de detenciones en su zona, pero no ofreció ninguna prueba sólida de que las medidas del Presidente produjeran esos resultados, y parece igualmente probable que las nuevas órdenes ejecutivas pudieran en realidad disminuir la delincuencia y las detenciones y reducir los costes del sheriff para alojar a los detenidos en sus cárceles.
Una semana antes, un juez federal de Pensilvania había dictaminado que las órdenes ejecutivas son inconstitucionales. Sin embargo, esa sentencia puede tener poco efecto fuera del caso concreto, ya que se trataba de un procedimiento penal de deportación, y no era necesario que el juez se pronunciara sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas para resolver el caso.
El sheriff Joe y su abogado han anunciado su intención de recurrir el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington. Mientras tanto, el Estado de Texas y otros 24 estados han presentado otra demanda en Brownsville (Texas) para impugnar la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas. La vista de este caso está prevista para principios de enero.
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